El 80 % de las inversiones de la Unión Europea (UE) destinadas a políticas de eficiencia energética desde el año 2000 se gastaron en proyectos que no cumplían este objetivo, denunció hoy el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), Harald Wögerbauer.
En la práctica, eso supone que 4.000 millones de los 5.000
millones de euros desembolsados por los Veintisiete con este propósito
acabaron en obras en las que, como máximo, la eficiencia energética era
un efecto secundario.
En cualquier caso, Wögerbauer señaló que
corresponde a la Comisión Europea (CE) decidir ahora si debe reclamar o
no los fondos entregados.
Wögerbauer basó estas cifras en el
informe del TCE "Rentabilidad de las inversiones en eficiencia
energética de la Política de Cohesión" que él mismo dirigió y que
presentó en una rueda de prensa en Bruselas, aunque aclaró que estos
números no forman parte del documento final.
"Los Estados miembros
empleaban estos fondos fundamentalmente para renovar edificios públicos
y la eficiencia energética constituía, todo lo más, una preocupación
secundaria", lamentó.
En este sentido, criticó que gran parte del
dinero servía para llevar a cabo proyectos de mejora de la comodidad, la
seguridad y el atractivo de los edificios, que deberían haber sido
sufragados "por otro tipo de fondos o bien por los Estados miembros",
sugirió.
El informe apunta que el plazo medio previsto para la
amortización de las inversiones es de 50 años y de 150 años en casos
extremos, lo cual resulta excesivo teniendo en cuenta la vida útil de
los componentes renovados así como la de los propios inmuebles, por lo
que pueden considerarse perdidas desde el punto de vista de la
eficiencia energética, indica el documento.
Durante la
investigación, que se llevó a cabo en la República Checa, Italia y
Lituania, los países que habían recibido las mayores contribuciones de
la UE en el periodo 2007-2013, el TCE concluyó que el concepto de
rentabilidad no fue un factor determinante en la asignación de fondos.
Aunque
todos los proyectos se realizaron según lo previsto, el coste con
respecto al potencial de ahorro energético fue elevado y se concedió más
importancia a la necesidad de renovación de los edificios públicos,
como sustitución de puertas y ventanas o aislamiento de tejados y
paredes, que a la eficiencia.
Para mejorar la inversión en el
futuro, el Tribunal ha recomendado a la Comisión que supedite la
financiación a una evaluación adecuada de las necesidades, a un
seguimiento periódico y a la utilización de indicadores de resultados
comparables.
Además, propuso criterios transparentes en la
selección de proyectos y que se fije un valor máximo aceptable para el
plazo de amortización. EFE
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